Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, con la colaboración del Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, Marcos Orellana, sitúa el medio ambiente no tóxico entre los elementos sustantivos del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. El Relator Especial describe la actual toxificación de las personas y del planeta, que provoca injusticias ambientales y crea “zonas de sacrificio”, lugares extremadamente contaminados donde grupos vulnerables y marginados soportan desproporcionadamente las consecuencias que acarrea para la salud, los derechos humanos y el medio ambiente la exposición a la contaminación y a las sustancias peligrosas. El Relator Especial destaca las obligaciones de los Estados, las responsabilidades de las empresas y las buenas prácticas encaminadas a asegurar un medio ambiente no tóxico mediante la prevención de la contaminación, la eliminación del uso de sustancias tóxicas y el saneamiento de los sitios contaminados.
El 8 de octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos, en un acto que constituyó un punto de inflexión en la evolución de los derechos humanos, adoptó una resolución
histórica que reconocía, por primera vez a nivel mundial, el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (resolución 48/13). Aunque este derecho ya está
reconocido por ley en más del 80 % de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, la nueva resolución debería servir para estimular el reconocimiento universal en constituciones,
legislaciones y tratados regionales de derechos humanos, y para acelerar la acción frente a la crisis ambiental mundial.
2. Como se destaca en el presente informe, el mundo está plagado de injusticias ambientales indefendibles, entre ellas las “zonas de sacrificio”, cuyas comunidades están expuestas a niveles extremos de contaminación y de presencia de sustancias tóxicas. En palabras de un habitante de la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví en Chile: “Nos están dando mala vida, todos los días nos están sacrificando, nos están matando lentamente con cáncer, con enfermedades, etc.”. Es necesario emprender acciones urgentes de limpieza para proteger la salud y los derechos humanos de las personas que viven en estos lugares extraordinariamente peligrosos. Emplear enfoques basados en los derechos para detoxificar el organismo de las personas y el planeta requerirá cambios sistémicos y transformadores en la legislación sobre medio ambiente. Los Estados y las empresas deben emplearse a fondo para lograr la contaminación cero y la eliminación de sustancias tóxicas, y no solamente intentar minimizar, reducir y mitigar la exposición a estos peligros. La prevención, la precaución y la no discriminación deben ser los principios centrales del diseño de las políticas ambientales.
3. El presente informe sobre el derecho a un medio ambiente no tóxico donde las personas puedan vivir, trabajar, estudiar y jugar en condiciones de seguridad es el sexto de una serie de informes temáticos que abordan los elementos sustantivos del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible: el aire puro, un clima seguro, la biodiversidad y los ecosistemas saludables, el agua potable en cantidad suficiente y los alimentos sanos y sostenibles.
4. El presente informe fue elaborado en colaboración con el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente
racionales de las sustancias y los desechos peligrosos. En enero de 2021 se difundió un llamamiento para recabar aportaciones. Se recibieron aportaciones de la Argentina, Austria,
Azerbaiyán, el Brasil, Camboya, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, El Salvador, Finlandia, Grecia, Guatemala, las Islas Marshall, Malta, Mauricio, México, Montenegro, el Níger,
Polonia, Qatar, Singapur, Suiza y el Togo, así como de jóvenes, pueblos indígenas, estudiantes, el mundo académico, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos
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